El proyecto establece pena de prisión para quien ocasione intencionalmente el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o destrucción de bosques nativos y penaliza también a quien ayude a cometer esos delitos con provisión de maquinaria o conocimiento técnico, académico o científico. Las penas se incrementan para el funcionario que forme parte del delito o autorice los desmontes violando las normas vigentes.

Grandes productores agropecuarios y desarrolladores inmobiliarios violan la Ley de Bosques y no tienen condena: solo se les cobra una multa insignificante en relación al dinero que ganan a costa de la destrucción de los bosques. En muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios. El Congreso debe sancionar de forma urgente la Ley de Delitos Forestales para terminar con esta impunidad”, afirmó Giardini.

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300 mil al año. Datos oficiales confirman que, desde la sanción de la Ley de Bosques (año 2007) hasta fines de 2016 se deforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las cuales más de 750 mil eran bosques protegidos. Un reciente informe de Greenpeace estima que al menos el 42% de los desmontes realizados en el primer semestre del año fueron ilegales.

Entre los casos de desmonte ilegal, se encuentra el de la finca La Moraleja S.A., proveedor de jugo de limón de Sprite. La Moraleja desmontó 3 mil hectáreas de bosque nativo en la provincia de Salta. Más de 93 mil personas ya le pidieron a Sprite que ponga fecha a la reforestación de la superficie desmontada.

 

http://www.greenpeace.org/argentina/es/noticias/Presentan-proyecto-de-ley-que-penaliza-los-desmontes-ilegales-e-incendios-intencionales/